Conferencia de Mujer
El 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia sexual
28/06/2012
“Un 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual”, según el informe sobre la violencia de las mujeres y niñas con discapacidad, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos, cuyos contenidos han sido ofrecidos por la Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Gabriela Guzmán.
“Un 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual”, según el informe sobre la violencia de las mujeres y niñas con discapacidad, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos, cuyos contenidos han sido ofrecidos por la Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Gabriela Guzmán.
Así lo ha presentado durante la celebración de la mesa redonda ‘El trabajo de Naciones Unidas en relación a la violencia en las mujeres con discapacidad’, en el marco de la Conferencia ‘Los desafíos en el nuevo milenio de las mujeres con discapacidad’, organizada por el CERMI.
Además, el informe añade que “el 80% de las mujeres con discapacidad que viven en instituciones está expuesto a la violencia de las personas de su entorno”. En este sentido, entre las manifestaciones específicas de la violencia a mujeres y niñas con discapacidad, destaca que se suelen dar en los hogares, en residencias, en la comunidad, en las escuelas u otros establecimientos públicos o privados.
Asimismo, denuncia que las niñas con discapacidad también están expuestas a tener un mayor riesgo de sufrir violencia y prácticas nocivas (infanticidio, matrimonio precoz y forzado, esterilización forzada, mutilación genital femenina, violación de vírgenes, explotación y trata de personas…).
Por otra parte, ha hecho referencia a la discriminación múltiple que sufre la mujer con discapacidad, “debido a su género y a su discapacidad”, por lo que, según señala el informe, se enfrentan a situaciones de pobreza, aislamiento, salarios inferiores o menos representatividad en la fuerza del trabajo, entre otras. Es decir, las mujeres con discapacidad “corren el riesgo de ser objeto de violencia debido a distintas formas de discriminación complejas e intersectoriales”.
Entre los factores que detecta el informe que facilitan la violencia, destacan: las percepciones esteriotipadas y erróneas, como el hecho de considerar a las mujeres con discapacidad como receptoras de servicios caritativos, sujetas a decisiones de otras personas, incapaces de tomar sus propias decisiones de manera autónoma. También resalta la creencia de que las mujeres con discapacidad no están en condiciones de presentar una denuncia, su aislamiento y exclusión de la sociedad o la dependencia que tienen de otras personas.
Por último, entre las recomendaciones que ofrece el informe, prima la revisión de la legislación existente que regula esta materia, así como el desarrollo de programas preventivos y combativos acerca de la violencia, programas de sensibilización destinados a modificar las percepciones sociales sobre las personas con discapacidad, garantizar que los servicios y programas sean accesibles y fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad. En este sentido, indica que la medida más eficaz de prevención de la violencia de las mujeres con discapacidad es el sistema de justicia.
El informe también indica que existe la necesidad de adoptar un enfoque holístico que permita eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad, fomentar su autonomía y hacer frente a los factores de riesgo específicos que las exponen a la violencia.
Por otra parte, Gabriela Guzmán ha expuesto, también en materia de violencia a las mujeres y niñas con discapacidad, el enfoque desarrollado por el mandato de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, que aborda el problema reconociendo la subordinación general de las mujeres dentro de un sistema patriarcal. En este sentido, entiende la violencia contra las mujeres como la violación a los derechos humanos más prevalente del mundo.
También habla de la necesidad de eliminar las causas subyacentes y estructurales de la violencia contra las mujeres, como es la discriminación por razón de sexo y aborda la necesidad de pasar de un enfoque basado en la victimización a un enfoque de empoderamiento, así como la obligación del Estado de proceder con la diligencia debida para prevenir la violencia contra la mujer.
